Porque, como sabéis, el sábado 12 de octubre el Mar Menor era definitivamente rebautizado como Mar Muerto. Y con todos los honores. No es necesario recordar la masacre que tapizaba de cadáveres las playas del norte de la costa del nuevo Mar Muerto. Y la primera acción del gobierno regional, responsable como nadie de la muerte de nuestra laguna, fue echarle la culpa a la gota fría de un mes antes, a una DANA que no es más que el anagrama de lo que este gobierno ha hecho por nuestro mar interior, tumba ahora de toda la vida que en su día albergó: NADA. NADA, con mayúsculas. O quizás sí: permitir a quien le ha dado la gana hacer precisamente eso, lo que le ha dado la gana. No es que haya cerrado los ojos ante los atentados continuos al frágil ecosistema de la laguna, sino que ha actuado como cooperador necesario ocultando dichas actuaciones de forma activa y archivando (léase escondiendo) sin investigación alguna las numerosísimas denuncias que grupos ecologistas, asociaciones, partidos de la oposición y particulares han presentado sobre otros tantos casos de vulneración de las leyes medioambientales; corriendo un tupido velo en definitiva sobre las advertencias y las pruebas de lo que estaba ocurriendo.

Y cuando la sopa verde se hizo visible hace tres años, este gobierno regional que no nos merecemos aunque nos lo hayamos dado a nosotros mismos primero lo negó; después llamó traidores y antimurcianos a quienes lo denunciaban; pasó a continuación a inventarse sus propios datos sobre la cuestión; creó un comité de especialistas en buena parte controlado directamente por él; desarrolló una legislación de protección con el objetivo único de incumplirla; y ocultó lo que la agricultura especulativa y algunos ayuntamientos hacían con el Mar Menor. Y cuando el sábado 12 de octubre las playas alfombradas de peces y mariscos muertos hacían palmaria la absoluta desidia (no, desidia no, que la parálisis gubernamental era absolutamente voluntaria y organizada, activa) del gobierno regional, aparecen sus consejeros y su presidente echando la culpa a la gota fría y haciéndose fotos o navegando en zodiac hasta que los vecinos y pescadores se les echaban encima y, en el mejor de los casos, les culpaban del desastre, cuando no les insultaban directamente.

Los expertos desmintieron inmediatamente los intentos patéticos de desviar la culpabilidad por parte del gobierno regional; pasó este entonces, siguiendo la línea iniciada meses antes, a intentar diluir las culpas empezando a responsabilizar al gobierno central del desastre. Una responsabilidad por cierto de la que jamás se le hubiera ocurrido acusar a un gobierno de la nación ocupado por su propio partido, el Popular. Pero claro, hoy en día es difícil engañar al personal, o sea a los ciudadanos, que tienen acceso inmediato a la información y a la legislación, en la que se estipula muy claramente la casi exclusividad de la administración regional en la gestión y conservación del Mar Menor. Pero insisten en intentar sacudirse la culpa, aunque de forma muy inepta, ya que mientras que juran y perjuran que “todas” las administraciones han actuado con dejadez, al mismo tiempo y de forma ridícula (y estoy seguro de que de nuevo mintiendo) juran también que a partir de ahora la Comunidad no “reparará en gastos” para revertir la situación; o sea, admiten que no han hecho nada.

La desvergüenza de este gobierno supera todo lo superable. Para favorecer de forma descarada a un grupo de presión aliado fiel del Partido Popular de Murcia, ha destruido la forma de vida y arruinado a los pescadores del Mar Menor; ha dejado sin futuro a todo el sector de la hostelería de la costa interior del Mar Menor y de La Manga; ha convertido al sector inmobiliario de la zona, pujante antaño, en un montón de propiedades sin valor; ha dejado la imagen de la laguna y sus infraestructuras turísticas a la altura de un vertedero en el que ni el propio presidente autonómico ni sus consejeros han osado bañarse; nos ha dejado a quienes vivimos en la Región y a quienes venían de fuera sin una de las más hermosas y queridas joyas naturales no sólo de la Comunidad, sino de todo el continente; y ha dado al resto del mundo (sí, digo bien, al resto del mundo, que hemos salido en los periódicos de todo el planeta) la imagen de una Región de Murcia convertida en una república bananera cuyos mandatarios incumplen sistemáticamente sus propias leyes para beneficiar a unos pocos, los suyos, en perjuicio de la inmensa mayoría.

Y en el colmo de la desvergüenza, culpan de todo ello a los demás.