Este martes, en una comparecencia no prevista, el concejal de IU-Verdes, José Eduardo Illueca, ha informado del ‘golpe mortal’ a las arcas municipales, de la tremenda losa que ha caído sobre los ciezanos tras la sentencia del Tribunal Supremo por los terrenos de 'Migaseca', situados junto a la ermita del Santo Cristo. Una sentencia, según el concejal ecosocialista, "producto de la negligencia y mala gestión del PP ciezano que, tras 17 años de litigios en los tribunales de justicia, obliga al consistorio ciezano y por tanto a los vecinos a pagar unos 5 millones de euros a los propietarios, además del millón que ya se le ha abonado".
Unos terrenos que como ha explicado Illueca, hoy, no valen ni la mitad de ese precio. Los hechos -ha relatado el concejal de IU-Verdes- se remontan a 1998, con la siguiente secuencia: “El PGOU de 1985 contemplaba estas parcelas como zona verde. En 1997, ante la ausencia de una compensación urbanística a la calificación de zona verde de sus parcelas, la familia propietaria de los terrenos insta la expropiación. En 1998, ante la falta de acuerdo en cuanto al precio, se remite el expediente al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, que confirma por sentencia la tasación municipal: 414.679 euros. Los propietarios recurren la decisión del tribunal de justiprecio ante el TSJ de Murcia. En 2002, el TSJ acepta parcialmente el recurso de los propietarios, y fija el nuevo valor de la indemnización en la cantidad de 919.823 euros. La sentencia fue recurrida ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, que la confirmó en 2005 (STS 8095/2005, de 28 de noviembre).
Entre 1998 y 2000 se suceden las advertencias al equipo de gobierno, por parte de la asesoría jurídica municipal y de un despacho privado de abogados contratado, de que si no se pagaba el justiprecio en aquel momento fijado (414.679 euros más los intereses devengados) o se consignaba al menos en los presupuestos, en el plazo de dos años los propietarios podrían pedir una retasación (art. 58 LEF). El Ayuntamiento (era Alcalde Francisco López) ni pagó ni consignó en presupuestos cantidad alguna. En el año 2000, los propietarios hacen uso de su derecho e instan la retasación de los terrenos. El Ayuntamiento rechaza la pretensión y los propietarios recurren de nuevo al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
En 2001 (bajo el gobierno de Martínez Rojas) se llega a un acuerdo con los propietarios. El Pleno aprueba una nueva valoración de los terrenos, cifrada en 2.687.878 euros, la mitad aproximada de lo que solicitaban los propietarios como retasación; pero se pacta evitar el pago de esta cantidad a cambio de modificar el uso de los terrenos a residencial en el nuevo PGMO (nonato por el cambio de gobierno). En 2003, el Jurado Provincial se pronuncia en relación con la retasación solicitada, fijando el precio de estos terrenos en 3.910.718 euros, más los intereses devengados desde la expropiación.
Tanto el Ayuntamiento como los propietarios recurrieron la sentencia ante el TSJ, tribunal que resolvió 9 años después, en 2012, estableciendo el valor de tasación en 4.780.365 euros. Sentencia que a su vez fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, que este ha resuelto ahora. En 2004, el Ayuntamiento (siendo Alcalde Antonio Tamayo) firmó un convenio con los propietarios por el que estos renunciaban a exigir el pago del justiprecio y se comprometían a desistir de sus acciones judiciales, a cambio de un aumento de edificabilidad en sus parcelas.
El plazo en el que debería aprobarse el nuevo PGMO con la inclusión de dicho aumento se fijó en dos años. En 2006 se amplió el plazo para el cumplimiento del convenio hasta el 20 de marzo de 2008. En 2008, cumplido el término del convenio y no estando aprobado el PGMO, los propietarios, que ya no están interesados en renovar el convenio (ya ha “explotado” la burbuja inmobiliaria), se desvinculan de éste y solicitan el pago de la indemnización en la cantidad fijada por el Ayuntamiento en 2001, sin perjuicio de que la misma pudiese ser mayor de alcanzar firmeza definitiva la sentencia del tribunal de justiprecio de 2003.”
Illueca, ha sentenciado que el PP debería explicar a la ciudadanía “cómo se ha podido llegar a una situación como ésta, donde el Ayuntamiento se encuentra abocado al pago de cantidades millonarias, que dejan en mantilla al Príncipe de Asturias, por unos terrenos que en el mercado del suelo actual no las valen ni de lejos”.
Para Illueca, la responsabilidad y la mala gestión son indudables. El primer error cometido, cuando aún era alcalde Paco López, “ya que se podía haber evitado en su momento, pagando el justiprecio fijado o consignándolo en presupuesto, que la familia pidiese una retasación que, en un momento en que el mercado inmobiliario iba claramente al alza, situó el valor de estos terrenos por las nubes”. En una segunda ocasión, “cuando el retraso con el PGMO hizo que expirase el convenio firmado con los propietarios por lo que estos renunciaban al justiprecio y a sus acciones judiciales si se les aumentaba la edificabilidad de los terrenos, ya calificados de uso residencial; cuando explotó la ‘burbuja’ a estos señores ya no les interesaban las plusvalías de los terrenos, sino el precio de una expropiación que ya no tenía nada que ver con los valores reales”.
No obstante, el concejal de IU-Verdes ha declarado que al margen de las responsabilidades políticas que los vecinos tienen la oportunidad de hacerle pagar al PP en las urnas el próximo 24 de mayo, lo que hay que buscar en estos momentos son soluciones para evitar el colapso de las arcas municipales. En este sentido, ha lanzado tres propuestas: la primera de ellas, la convocatoria urgente por parte del alcalde a los grupos políticos para darles cuenta del contenido de la sentencia en su totalidad, ya que de ésta tendrá que hacerse cargo la próxima corporación; la segunda, el inicio inmediato de negociaciones con la familia "Migaseca" para acordar el aplazamiento del pago de la sentencia a tres años, con el fin de evitar la ruina del Ayuntamiento; y la tercera, la urbanización y parcelación del polígono y la puesta a disposición de los solares a los promotores y constructores ciezanos, en unos precios razonables para conseguir recursos económicos.
