El Ayuntamiento se compromete, tras el acuerdo plenario, a emprender medidas municipales con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia habitacional, igualmente considera que los suministros de agua, energía eléctrica y gas son bienes básicos que deben ser garantizados para todas las familias, en consecuencia la corporación municipal establecerá la normativa que garantice que las familias en riesgo de exclusión social disponga de los suministros mínimos anteriormente nombrados. También elaborará un plan municipal de viviendas que contemple y regule debidamente las medidas de fomento para cubrir la demanda de emergencia habitacional. Trabajará por crear un parque de viviendas público y otro privado en régimen de alquiler social para realojar a personas y familias desahuciadas, no pueden existir personas en la calle mientras hayan casas vacías. El ayuntamiento creará un registro de personas afectadas por situaciones de potenciales desahucios y que vivan bajo el umbral de la pobreza a fin de realizar el seguimiento fehaciente de sus carencias, así como se opondrá a cualquier desahucio de viviendas en la que se encuentre viviendo menores.
Según el contenido del acuerdo, el ayuntamiento revisará los protocolos de actuación de sus servicios sociales en casos de desahucio, seguimiento de los casos de familias que han sido desahuciadas, atención a hijos menores y solicitará al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual. Los servicios jurídicos del ayuntamiento colaborarán con las familias víctimas de los desahucios o ejecución hipotecaria en todos los casos que necesiten el asesoramiento, la intermediación y en su caso la protección adecuada para prevenir la pérdida de su residencia habitual y permanente. En los casos en los que no se pueda impedir el desahucio, el ayuntamiento se compromete a propiciar el realojo provisional en una vivienda de su titularidad de sus entes instrumentales o privada, este realojamiento se hará en régimen de alquiler social asequible de las personas que hayan sido privadas de su vivienda habitual y permanente por razón del desahucio o lanzamiento por ejecución hipotecaria o ejecución arrendataria en virtud de resolución judicial y se encuentre en situación de riesgo de exclusión social.
El ayuntamiento se dirigirá a las entidades financieras que operan en el municipio para pedirles la paralización de los desahucios de familias en riesgo de exclusión social y el cumplimiento de los criterios de la jurisprudencia europea en materia de deuda tributaria, en caso de no tener respuesta satisfactoria por parte de alguna de ellas, se estudiará la aplicación de medidas adecuadas para conseguir los efectos pretendidos. Igualmente elaborará un censo de viviendas vacías propiedades de bancos o entidades financieras con el fin de ser utilizadas para realojar a familias que no disponen de viviendas. Facilitará, aplicando para ellos las medidas que resulten oportunas, que las entidades financieras pongan su stock de viviendas cerradas a disposición de los programas municipales de alquiler social. Tampoco colaborará con ninguno de sus recursos en los procedimientos de lanzamiento y se compromete a apoyar institucionalmente a cuantos foros, plataformas y convocatorias se organicen en defensa del derecho a la vivienda.
Por último, el ayuntamiento instará al gobierno de la Región de Murcia a emprender las acciones que sean necesarias, mas allá de las que ya se han puesto en marcha, para impedir que familias en riesgo de exclusión social sean desahuciadas.
Estuvieron presentes en el Pleno miembros de la Plataforma de afectados por la hipoteca de nuestra localidad, entre los que se encontraba el sacerdote Joaquín Sánchez.
