El juicio que hace IU-Verdes sobre la modificación constitucional del art. 135 es muy negativo, cosa que no es ningún secreto. Como recuerda su concejal José Eduardo Illueca, “la reforma, que fue llevada a cabo por el gobierno de Rodríguez Zapatero con el apoyo del Partido Popular en 2011, es de dudosa consistencia económica y ha limitado la posibilidad de llevar a cabo políticas económicas alternativas dentro del marco de la Constitución”.

El pacto que alcanzaron el PSOE, entonces en el Gobierno de la Nación, y el PP, principal partido de la oposición, “permitió, sin siquiera un referéndum ciudadano, la constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria a través de la modificación del artículo 135 de nuestra Carta Magna”. En opinión de Illueca, “la reforma se hizo de espaldas al poder constituyente que radica en el pueblo, de modo traicionero, por una injustificable vía de urgencia y del modo más antidemocrático que cabe imaginar, al dictado de una gobernante extranjera, la canciller alemana Angela Merckel y sin ningún debate social”. De esta forma, según este concejal, “se hace evidente la vulneración de otros principios constitucionales esenciales en la construcción de nuestro Estado autonómico, social y de derecho, como las facultades de autogobierno de Comunidades Autónomas y entidades locales”.

En definitiva, la redacción nueva del artículo 135 de la Constitución, para Illueca, “consagra en el nivel constitucional el principio mal llamado ‘de estabilidad presupuestaria’, lo que viene a reforzar la supremacía de los intereses de los mercados sobre los intereses generales de la ciudadanía; se dejan fuera de la Constitución políticas económicas alternativas, como podrían ser las de estímulo económico o las políticas anticíclicas en momentos de crisis, que en otros momentos históricos han demostrado su eficacia”.

La Constitución del 78, “que se ha caracterizado doctrinalmente como una Constitución abierta, deja de serlo desde el momento que determinadas políticas se sitúan fuera de su cobertura, desde el instante en que se eleva al rango de norma constitucional del Estado la preferencia del pago de la deuda sobre el pago de las nóminas de los funcionarios o de las pensiones”. Con todo, lo peor de esta reforma “fue el modo en que se llevó a cabo, con el acuerdo de los dos grandes partidos, ocultando al pueblo la trascendencia de lo que se aprobaba y evitando cualquier debate público sobre la oportunidad de la misma: un verdadero golpe de Estado constitucional”.

Lo más lamentable, en palabras del concejal ecosocialista proponente, “es que el impulso haya partido de una formación que se autoproclama de izquierdas, y que pretende ocupar este espacio político que con acciones como esta ha abandonado conscientemente”. Por ello, “la moción que se debatirá en el Pleno supone una oportunidad para el PSOE de Cieza de desmarcarse de políticas neoliberales compartidas con el PP para comenzar a ser creíbles como partido de izquierdas, y de sumarse a una movilización de la opinión para enmendar el entuerto que supuso la reforma constitucional de Zapatero-Rajoy”.

Por todo ello, “desde Izquierda Unida se pretende lograr que el Ayuntamiento de Cieza asuma su papel de representación de la ciudadanía y proponga al Congreso de los Diputados la elaboración de una proposición de ley que devuelva a la Constitución el texto original del artículo 135”.