El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 9 de enero, viernes, un proyecto de modificación de la Ley de Montes (Ley 43/2003, de 21 de noviembre). El texto, en palabras del concejal de IU-Verdes José Eduardo Illueca, “ha suscitado un vivo rechazo entre los sectores más implicados en la defensa del medio ambiente, que lo han calificado en distintos foros de reforma innecesaria y contraproducente, considerando que es perjudicial para el medio ambiente y para los ciudadanos”.
En opinión de Illueca, estos juicios tan negativos son plenamente justificados, “sobre todo porque la reforma se aborda desde una posición inequívoca: el fomento de los aspectos productivos del monte y la consideración secundaria de las funciones sociales y ambientales del mismo, que son para nosotros las esenciales; supone, desde esta perspectiva, un retroceso histórico en el modelo de gestión forestal español”. Descendiendo a lo concreto, el proyecto de reforma de la Ley de Montes no incorpora mejoras sustanciales para la gestión de los bosques y contiene, sin embargo, previsiones rechazables.
Por ejemplo, “invade competencias autonómicas al incorporar regulaciones cinegéticas, al tiempo que supone un retroceso inaceptable en la necesaria planificación forestal: hasta ahora, todos los montes públicos y privados estaban obligados por a dotarse de un instrumento de gestión ambiental, pero con la reforma esta obligación sólo afecta a los montes públicos, mientras que los privados quedan excluidos si no son clasificados como ‘de interés general’, lo que se deja en manos de las Comunidades; e incluso en este caso se amplía a 25 años el plazo para tener listo el instrumento, lo que equivale a una exención en la práctica”.
Con todo, lo más grave es, para este concejal, que “se permite que las Comunidades Autónomas autoricen la construcción en zonas incendiadas, permitiendo que excepcionen, en virtud de un interés general prevalente, la prohibición del cambio de uso forestal de las zonas incendiadas al menos durante 30 años; hay que recordar que esta norma se introdujo en la Ley de Montes en el año 2006 y fue celebrada entonces por todos los defensores del medio ambiente como un logro histórico, que venía a evitar que se provocaran fuegos con fines especulativos”.
Los grupos ecologistas han denunciado, e IU-Verdes lo comparte plenamente, “que el proyecto de Ley de Montes aprobado hoy echa por tierra esta medida de precaución, por lo que existe el riesgo de que se vuelvan a provocar incendios para permitir la construcción en zonas quemadas; es un retroceso inaceptable y, sólo por esta causa, el Proyecto merece ser censurado”.
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU-Verdes defenderá en el Pleno de febrero una moción de rechazo al proyecto de modificación de la Ley de Montes, “con la que pretendemos que el Ayuntamiento de Cieza se sume a la corriente generalizada de preocupación y rechazo, contribuyendo con ello a que los autores de este desaguisado ambiental reflexionen y rectifiquen durante el proceso de tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley, recientemente iniciado”. En concreto, el contenido de la moción “implica manifestar el más enérgico rechazo a varias disposiciones del proyecto de ley de reforma de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que resultan contrarias al interés social y medioambiental, y, muy especialmente el repudio a la posibilidad de que las Comunidades Autómonas puedan establecer excepciones a la prohibición, hasta ahora absoluta, de cambiar el uso forestal durante un plazo de 30 años”.
Para ello, se pretende que el Pleno del Ayuntamiento “inste al Gobierno de la Nación a que retire el Proyecto ingresado en las Cortes Generales, o bien a que por medio de la mayoría parlamentaria que lo respalda apoye la modificación o supresión de los artículos que han suscitado la oposición generalizada de los defensores del medio ambiente”.
