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Martes, 21 de Noviembre del 2017
Sábado, 03 Septiembre 2016

Robar a los pobres para dárselo a los ricos

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Tino Mulas Tino Mulas

CLR/Tino Mulas.

No, no me he equivocado en el título. Esto es precisamente lo que pasa en nuestro país, en España.

No hay día en el que no se nos recuerde que el déficit público en nuestro país es demasiado alto. Mes a mes nos desayunamos con la noticia de que el nivel de deuda pública ha vuelto a batir el récord desde principio del siglo XX, superando el 100% del Producto Interior Bruto. Desde la Unión Europea se nos pide, más bien se nos exige, limitar el déficit. Todos pensamos, porque así se nos hace creer, que para lograrlo habrá que introducir nuevos recortes, nuevos hachazos a lo poco que nos queda de un estado que un día fue de bienestar y que hoy apenas da para ir tirando.

 

Pero, ¿seguro que son necesarios nuevos recortes? ¿O que fueron imprescindibles los antiguos?.

 

A ver cómo lo contamos para que se entienda. El Estado, lo público, funciona como cualquier casa, como cualquier hogar. Por un lado recibe dinero, fundamentalmente de los impuestos, y por otro lo gasta, en infraestructuras y en servicios al ciudadano, en redistribuir la riqueza para limitar las desigualdades más clamorosas. Y como sabrás tú, querido lector o lectora, es mal asunto gastar más de lo que se tiene, porque llegará un momento que tengas que pedir prestado para cuadrar, al menos temporalmente, las cuentas. Pero claro, luego habrá que devolver lo que nos prestaron, generalmente con intereses, y el problema se hará aún mayor. ¿Qué hacer? Hay dos opciones: intentar ganar más dinero o intentar gastar menos, o incluso ambas a la vez.

 

Si hablamos del Estado, la primera opción sería aumentar los impuestos a ciudadanos y empresas, y la segunda efectuar recortes en el gasto público. Pero sería de locos hacer lo contrario: bajar los impuestos en una situación de déficit sólo puede acarrear recortes brutales si se quiere equilibrar las cuentas.

 

Pues esto es lo que ha pasado en España, aunque con unos claros beneficiados por esta política suicida. En 2011 la presión fiscal era en España menor que la actual. Ahora bien, el reparto del pago de los impuestos era muy diferente al de 2016. Por poner un ejemplo: el impuesto de sociedades, el que pagan las empresas por los beneficios que obtienen, recaudaba en España más de 42.000 millones de euros en ese año. Pero el gobierno, desde 2012, recortó de forma brutal este impuesto, de forma que en 2015 apenas se recaudaron por él 17.000 millones, aunque los beneficios empresariales fueran muy superiores a los de 2011. No sólo eso: las nuevas leyes fiscales permitían a las empresas no pagar este impuesto si “sospechaban” (así como lo leen) que podrían tener pérdidas o disminuir sus beneficios. Resultado: el Estado recauda todos los años 25.000 millones de euros menos, o para que se entienda, el doble de los recortes que se han llevado a cabo en educación y sanidad cada año. Por no hablar del hecho vergonzoso de que las multinacionales apenas paguen impuestos en nuestro país. Un ejemplo: las nueve grandes empresas tecnológicas mundiales pagaron en 2014 entre todas, en España, un millón y medio de euros de impuestos. Para que el lector se pueda hacer una idea, baste decir que eso es lo que pagan, aproximadamente, cien profesores españoles. Y estamos hablando de empresas que manejan y ganan billones de euros.

 

Otra perla fiscal: el IRPF. El Impuesto de la Renta de las Personas Físicas lo pagamos todos los españoles que recibimos dinero por nuestra actividad o nuestras inversiones. Hasta no hace demasiado era uno de los impuestos más justos y redistributivos, ya que se pagaba un porcentaje creciente cuanto más dinero se ganase. Así, una persona rica siempre pagaba más que una pobre, tanto en proporción como en cantidad, y ese dinero servía para que el Estado corrigiese las situaciones de desigualdad y pobreza existentes, haciendo más justa la sociedad y mejorando el país en su totalidad. Pero en los últimos años, y tras un aumento general de los tipos que afectó, no obstante, especialmente a las clases medias, en los últimos años se han llevado a cabo varias rebajas fiscales y reestructuraciones de los tramos de fiscalidad que, de una forma tremendamente descarada, han beneficiado sobre todo a las personas que más dinero ganan, mejorando muy poco o nada la presión fiscal de las que menos ganan y de las clases medias. Y sin embargo, a nivel de propaganda, quienes llevan a cabo estas pseudorebajas fiscales alardean de ello y dicen que han bajado los impuestos. Lo mismo ocurre con los impuestos sobre las herencias o impuesto de sucesiones, que ha sido eliminados en muchas comunidades autónomas y que gravaban sobre todo a quienes mayores herencias recibían.

 

En consecuencia, quienes nos gobiernan han abierto ellos solitos un tremendo agujero en las disponibilidades del Estado. Y claro, hay que taparlo. ¿Cómo? Pues aumentando otros impuestos. Pero siempre con cuidado, para que este aumento no afecte a quienes más tienen. ¿Y cómo se hace esto? Pues subiendo un impuesto que todos, ricos y pobres, paguemos por igual. Y ese impuesto es el IVA. Un impuesto necesario, sí, pero que siempre perjudica más a las clases bajas y medias que a las altas. Me explico. Si yo soy pobre y compro una barra de chocolate, me cobrarán un 10% de IVA; y si soy rico también. Pero claro, para el pobre esa cantidad supondrá una proporción mucho mayor de su renta, de lo que tiene, que para el rico. Por eso el recurso a aumentar el IVA es el preferido por los grupos políticos y los economistas que defienden a los ciudadanos de mayor riqueza. Como es un impuesto que no se nota mucho, ya que va diluido en el precio total del artículo que se compra, es cada vez más utilizado, y su proporción en el total de la recaudación aumenta de día en día.

 

Pero llega un momento en que la ciudadanía en general no puede pagar más. Es el caso de la ciudadanía española en su mayoría, sobre todo si tenemos en cuenta que la concentración de la riqueza en pocas manos ha aumentado tanto en nuestro país que nos hemos convertido en el más desigualiatrio de Europa y de prácticamente todos los países desarrollados. Los tipos de impuestos sobre los ciudadanos no ricos son excesivos. De hecho, es una de las mayores quejas de los españoles: pagamos demasiados impuestos y no recibimos a cambio unos servicios en consonancia con lo que aportamos. Solución: recortar. Para que nos traguemos el anzuelo, nos bombardean con argumentos como que vivimos por encima de nuestras posibilidades, que hay que recortar para pagar los servicios, que todos debemos contribuir y no abusar… Y nosotros nos lo creemos.

 

Habrá quien piense, y hay mucha gente que así lo hace, que todo esto es consecuencia de la crisis. Créame el lector o la lectora que más bien puede que sea al contrario, o incluso es más que probable que se haya aprovechado la crisis para intentar volver al siglo XIX en lo social y económico. Volver a una sociedad donde un grupo reducido y todopoderoso reine sobre una población empobrecida, famélica e inculta. A una economía donde la obtención de beneficio inmediato y máximo sin control ni redistribución sea su norma básica de funcionamiento. A un mundo donde la injusticia y la desigualdad definan a la humanidad por encima de la solidaridad y la cohesión social.

 

Y, lamentablemente, en esto está España marcando la pauta y señalando el camino a seguir. En eso sí que somos los mejores. Porque en España Robin Hood lo hubiera tenido crudo. O hubiera tenido que reconvertirse y robar a los pobres para dárselo a los ricos. Que es lo que ocurre en mi país, en nuestro país.

 

Lamentablemente.

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