Ya no es tan fácil alcanzar cualquier punto de Cieza o recorrerla de una punta a otra. No sólo se trata de distancia, sino también de tráfico y, para muchos, de problemas de movilidad. Por ello un servicio de autobús público urbano resultaba ya hace unos años imprescindible para muchas personas que debían trasladarse a los centros sanitarios ciezanos o a algunos centros educativos, todos ellos situados en los extremos de la población. O simplemente para desplazarse al mercado semanal o a alguno de los supermercados de la ciudad, situados también en la periferia.

Pues bien, este servicio corre peligro. La empresa adjudicataria del mismo ha subido repentinamente el precio del mismo de 1,20€ el billete sencillo a 1,50€. Una subida de ni más ni menos que el 25%. Parece un abuso, pero tiene su explicación.

La empresa de autobuses que gestiona el transporte urbano de Cieza, una empresa ciezana de toda la vida, firmó en su momento un contrato con el Ayuntamiento con una duración exagerada, de 50 años, por el que se instauraba este servicio cuyo coste sería sufragado a través del pago de los billetes por los usuarios. En mi opinión ambos contratantes pecaron de optimismo, dado que aunque se trata de algo necesario e insustituible para muchas personas, el número de usuarios es limitado. De hecho el tamaño de los vehículos que realizan este transporte fue disminuyendo paulatinamente para intentar adecuarlo a la demanda real de viajeros y reducir en lo posible el coste de un servicio que inmediatamente se demostró deficitario.

Porque esa es la cuestión. Con sus tarifas y usuarios actuales la empresa concesionaria registra mes tras mes déficits que se están haciendo insostenibles. Y no es que se trate de cifras gigantescas, pero se trata de una empresa pequeña, una sociedad cooperativa propiedad de sus trabajadores que no puede ya asumir estos déficits constantes. Ante esta situación la empresa se ha dirigido al Ayuntamiento para exponerle la situación e intentar buscar una solución, pero por el momento no ha obtenido respuesta.

¿Consecuencia? La subida del 25% en el precio del billete. Un billete que ya tenía un coste relativamente alto (aunque existían bonos bastante más asequibles), pero que era insuficiente para costear el servicio. Y lo malo es que este aumento perjudica gravemente a los usuarios del mismo, que suelen ser los más desfavorecidos y desprotegidos: el anciano que debe acudir a su cita en el hospital Lorenzo Guirao, la alumna del IES Los Albares que vive en el otro extremo de la ciudad, la madre que acude con su bebé al pediatra en cualquiera de los dos ambulatorios ciezanos, o el ciudadano o ciudadana de movilidad reducida que necesita desplazarse para lo que sea. Todos ellos normalmente personas de escasos recursos económicos para quienes el trasporte público supone la única forma de desplazarse a ciertos lugares del municipio a un precio (hasta ahora) asequible y con una cierta comodidad.

Creo que Ayuntamiento y empresa deberían buscar una solución satisfactoria para todos y que protegiera especialmente a los usuarios. Es más, creo que habría que fomentar la utilización de este tipo de transporte en una ciudad en la que hasta para ir a la vuelta de la esquina de casa se coge el coche. Ganaríamos en dinero, ganaríamos en calidad del aire, ganaríamos en densidad de tráfico. Hay ejemplos en otros municipios murcianos de la implantación de un servicio de transporte urbano público que funciona más que adecuadamente. En estos pueblos y ciudades el usuario paga un precio asequible por el billete y la empresa adjudicataria factura después al Ayuntamiento de la localidad el posible déficit que se produzca, garantizando así la continuidad del servicio. Y os puedo asegurar que las facturas no sólo son más que asumibles para los municipios, sino incluso ridículas en ocasiones. Y, sobre todo, se garantiza la movilidad a los sectores más desprotegidos de la población, como son las personas mayores, con movilidad reducida, los estudiantes o las familias que carecen de medios de transporte propios. O, simplemente, a aquellas personas concienciadas con la protección del medio ambiente y que no desean sumar los gases de los motores de sus coches al aire, demasiado contaminado, que nos toca respirar.

La ley dice que los Ayuntamientos de las ciudades de menos de 50.000 habitantes no están obligados a ofrecer a sus ciudadanos un servicio de transporte público urbano. Pero la racionalidad, la protección del medio ambiente y la solidaridad con los más necesitados aconsejan todo lo contrario. En las manos del Ayuntamiento y de la empresa concesionaria está el dar a los vecinos y vecinas de Cieza el autobús urbano que necesita y merece.