Y es que la educación en España es vista por muchos como la herramienta definitiva para adoctrinar a la infancia y la juventud, para así imponer en lo posible las propias ideas que permitan asegurar la mínima disidencia y el futuro predominio político de quien la elabora y la instaura. Por eso resulta como poco curioso oír a algunos gritar “libertad, libertad” cuando ellos mismos se caracterizan por la tendencia a recortarla y a imponer su ideología en la educación en cuanto tienen el poder en sus manos.
Pero es curioso que nadie hace un análisis riguroso del estado actual de la educación española. Y menos aún de los modelos educativos de otros países que podrían darnos una pista sobre qué hacer con el nuestro. Y no nos vendría mal hacer comparaciones, porque aunque según el refrán son odiosas, en el caso de la educación española al menos nos enseñaría qué es posible hacer y qué no deberíamos.
Empecemos de la base: en España el sistema educativo no funciona. O al menos no como sería no ya conveniente, sino necesario. Tenemos un sistema como mínimo curioso, con una importancia muy alta (entre las cuatro más altas de Europa) de la escuela privada y concertada. O por decirlo de otra manera, el cuarto por la cola en dimensión de la escuela pública. Y se nota, porque los centros públicos españoles son de los peor financiados del continente, cuando la misión y la obligación fundamental del estado en la educación es precisamente ofrecer el mejor sistema educativo público posible. Un sistema que enseñe los principios básicos de la democracia y los valores fundamentales de un ciudadano de un estado plural y respetuoso con las ideas de todos. Insisto, de todos. Sin imponer ninguna ideología ni adoctrinar a los futuros miembros adultos de nuestro país. Algo esto último que en buena medida se cumple, porque la escuela pública es con toda seguridad la menos ideologizada, a pesar de los recurrentes intentos de los diversos gobiernos por arrimar el ascua educativa a su sardina ideológica.
Por eso me parece curioso que algunos se mesen los cabellos ante la nueva ley educativa, una ley que no es ni mucho menos perfecta pero que viene a sustituir al despropósito llamado LOMCE que pretendía, con total descaro y con el apoyos de muchas administraciones territoriales, implantar un sistema de enseñanza más propio del siglo XIX que del XXI en el que la escuela pública era objeto de guetización, cuando no de demolición, mientras que la escuela privada recibía todo tipo de privilegios y apoyos, hasta el punto de que el peso de ambas ha cambiado dramáticamente en los últimos años.
Entiéndaseme bien: ni estoy en contra de la enseñanza privada y concertada (yo mismo he sido alumno de ambas) ni del derecho de las familias a elegir la educación que quiere para sus hijos. Pero lo que rechazo por completo es que un estado moderno como debe ser el nuestro no cuente con una educación pública de alta calidad y bien dotada materialmente, y más aún que algunos partidos pretendan reducirla a una enseñanza “asistencial”, para las clases más bajas y desfavorecidas y convertida literalmente en un gueto educativo, mientras que se desvían recursos y alumnos a la privada y concertada para sustituir, en última instancia, a la pública. Y nadie me podrá negar que, si de adoctrinamiento hablamos, hay centros en los que este se ejerce con absoluto descaro financiado, eso sí, con fondos públicos. De hecho la queja fundamental de los partidos que se oponen ferozmente a la nueva ley educativa, la libertad de elección, esconde realmente su resquemor a que los privilegios de los que goza actualmente la educación privada y concertada se vean reducidos, y a que la pública gane el protagonismo que debe tener. Lo mismo vale para la pretendida “eliminación” del castellano como lengua vehicular, que fue introducida por el Partido Popular en la denostada LOMCE y que antes no se contemplaba en ninguna norma educativa. Y curiosamente, el castellano era lengua vehicular. Y seguirá siéndolo.
Hay más elementos de debate sobre la nueva ley educativa. Así partidos independentistas “pura sangre” se muestran contrarios a ella porque no recogen sus postulados, por ejemplo, en cuanto a la exclusividad de sus lenguas oficiales en la educación, lo que parece curioso vistas las críticas de la derecha y la extrema derecha. O las de esta última opción política sobre la educación sexual del alumnado, acusando a la ley de ser poco menos que pervertidora de menores, cuando no de manual de funcionamiento de un prostíbulo. Incluso algunos grupos que han votado a favor dicen a los cuatro vientos que “esta no es su ley”, pero que la votan porque recoge algunos de sus postulados y, sobre todo, se lleva por delante la execrable LOMCE. También, dicen muchos expertos, la nueva norma educativa rebaja los niveles de exigencia de forma alarmante, lo que tiene un altísimo coste a la larga, tal y como hemos podido lamentablemente observar en España en las últimas décadas.
Y, sobre todo, hay algo que es imprescindible: si la nueva ley no va acompañada de una inversión suficiente quedará, como ha ocurrido con todas las demás, en el limbo de lo que pudo haber sido y no será jamás. Porque el sistema educativo español se caracteriza, más que por ninguna otra cosa, por la escasez de medios que padece debido al escaso interés real de la mayor parte de la clase política hispana por la educación en general, a la cual se ve en demasiadas ocasiones como una fábrica de adoctrinamiento y no como un sistema para dar a todos los ciudadanos todas las oportunidades posibles para su futuro.
Y para terminar, un ruego que, me temo, no lograré ver realizado en vida: un gran pacto de los principales grupos políticos por la educación que dé a España una oportunidad para que sus futuras generaciones tengan lo que, lamentablemente, no hemos podido disfrutar las anteriores, que no es otra cosa que una educación de calidad.
