Sí, salir de la crisis multiplicando el empleo público de calidad, y dejándose de componendas y oportunistas invenciones de engañabobos o aprovechalistos como los aeropuertos fantasma o los tranvías innecesarios que sólo acaban beneficiando a las muy diversas mafias (algunas muy respetables en apariencia) que proliferan por doquier en todos los ámbitos de la actividad humana –corrupta y corruptible por naturaleza- cuando no se camuflan camaleónicamente como supuestas iniciativas de economía social que sólo persiguen realmente utilizar los dineros de todos para el particular y suculento beneficio de unos pocos, léase, por ejemplo, cooperativismos de muy diversa índole, que ya sabemos que acaban generalmente en todo para la mafia correspondiente y nada para el pueblo.
En España, actualmente, 2.52 millones de personas trabajan como funcionarios en alguna de las tres administraciones públicas: la estatal, la autonómica y la local, lo que determina que trabaje en el funcionariado un 5.44 por ciento de la población total del país, un porcentaje bastante inferior al de la mayor parte de los países europeos de nuestro entorno. Sé que algunos pondrán el grito en el cielo si les digo que pienso que en un país como España habría que redondear esa cifra en torno al 10% de la población, esto es, llegar a un número de unos 5 millones de funcionarios. ¿Se imaginan ustedes el potencial que a efectos de incremento del consumo y fuerza dinamizadora de la economía tendría ese ejército de servidores públicos aunque estuviera tan mal pagado como ahora mismo (en la mayor parte de los casos) y la capacidad multiplicadora para generar puestos de trabajo que eso supondría en un país de servicios como esencialmente es España, o en un pueblo como Cieza o una ciudad comercial como Murcia? Porque no se equivoquen, yo no hablo de funcionarios de ventanilla, aquellos famosos del larriano “vuelva usted mañana”, sino de prestadores de servicios públicos sanitarios, educativos o de seguridad y protección, es decir, profesionales sanitarios, profesores y maestros o policías en contacto directo y vivo con la sociedad, con la gente necesitada y sufriente. De esos, cuantos más mejor.
Se ha criticado y critica con frecuencia a los funcionarios porque el suyo es un trabajo seguro sin que exista la posibilidad del despido (sic), frente a la precariedad y la incertidumbre de la mayor parte de los empleos en un país como España. Hay que decir en primer lugar que no es cierto, porque la ley establece desde siempre las causas y circunstancias en las que un funcionario puede ser expedientado y/o despedido y hay que decir también que la estabilidad en el empleo del funcionariado es una conquista social importantísima del siglo XX, que garantiza la necesaria ecuanimidad e independencia en su trabajo del funcionario frente al poder político.
El gran novelista Benito Pérez Galdós, retrataba con maestría y dramatismo la situación del funcionariado en España en el siglo XIX en su novela “Miau”, donde el protagonista, Don Ramón de Villaamil es un funcionario que, como tantos y tantos por entonces, queda cesante tras un cambio de gobierno; intenta desesperadamente recuperar su puesto de trabajo pero al no conseguirlo se ve abocado al suicidio. Un funcionariado sometido al vaivén del relevo en el poder de los dos grandes partidos, conservadores y liberales, hasta el punto de que cuando cambiaba el partido gobernante, cambiaban también prácticamente todos los funcionarios de los diferentes ministerios.
Afortunadamente las leyes vinieron a sustituir el capricho o las decisiones interesadas o arbitrarias de los caciques y en la actualidad la inmensa mayoría de los funcionarios no le debe su puesto de trabajo como servidores públicos ni al gobierno de turno, ni a los tráficos de influencias a cualquier nivel, lo cual es una garantía no tanto para ellos cuanto para la sociedad a la que los funcionarios sirven. Se habla también en relación con el funcionariado con demasiada frecuencia y ligereza de corporativismo y escaqueo. Pues bien, frente a ambos males, que existir existen, jerarquía y reglamentos, que también existen. Más de una vez habría que exclamar aquello del Poema de Mío Cid de “¡Dios que buen vassallo si oviesse buen señor!”. Porque con demasiada frecuencia los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder.
Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran y se rodean de una pléyade inmensa de asesores-aplaudidores bien pagados. Sí, para salir de la crisis definitivamente, entre otras medidas, mucho más empleo público, más funcionarios que funcionen de verdad al servicio de toda la sociedad. Función pública como condición sine qua non para el estado del bienestar.
Podría seguir escribiendo, pero basta ya, va bene...
