Y al menos en mi opinión el gobierno, o más bien su presidente, cometía un error garrafal: nombrar como fiscal general del estado a la saliente ministra de justicia Dolores Delgado. ¿Por qué creo esto?
Los medios de comunicación se hacían eco hace pocos días de que Delgado había perdido su ministerio. De que no repetía en el gobierno presidido por Pedro Sánchez. Y lo atribuían a varios escándalos que habían salpicado a la ministra, como las dudosas relaciones que ha mantenido con algunos personajes de las cloacas del estado o las declaraciones hechas en privado pero que han trascendido y dejado en mal lugar a la ahora fiscal general del estado. Todo parecía apuntar que Delgado estaba amortizada en su faceta política, que no en su carrera dentro del poder judicial y, más concretamente, en el ministerio fiscal.
No me malinterpretéis: Delgado es una de las mejores fiscales (hay quien dice que la mejor) de todo el ministerio fiscal español. Lo dicen todos los que conocen el sistema judicial patrio. De hecho nadie que trabaje en la justicia en España, independientemente de su ideario político, lo niega. Pero tampoco puede negarse que su figura política había quedado muy dañada por las informaciones que aparecieron sobre ella; aunque no se le acusaba de ningún tipo de corruptela, sí que resultaban grotescas algunas de sus relaciones y declaraciones. Lo suficiente para empañar su prestigio y cerrar, al menos en teoría, su trayectoria política.
Pero no. Por sorpresa para todos el lunes trece de enero se hacía público su nombramiento como nueva fiscal general del estado. Un nombramiento que ha suscitado grandes críticas, incluidas las de sectores progresistas de la judicatura. ¿Por qué? Pues en primer lugar, por lo que ya he comentado. En segundo, porque hasta ahora nunca un ministro de justicia saliente había ocupado el cargo de fiscal general del estado, que aunque es nombrado por el gobierno debe al menos parecer independiente en su proceder de este. Aunque ciertamente es difícil imaginar que esa independencia sea auténtica, también es complicado creer que una recién cesada ministra se niegue en cualquier momento a cumplir las directrices y órdenes emanadas del gobierno al que perteneció.
Y ahí está el quid de la cuestión. Como es sabido, la mujer del césar no sólo debe ser honesta, sino sobre todo parecerlo. Y si un gobierno que cuando era oposición criticaba de forma constante la intrusión del entonces gobierno en el poder judicial toma casi como primera decisión hacer lo mismo, su credibilidad va a quedar en entredicho.
Y no dudéis de una cosa: el nombramiento es legal. La señora Delgado es además una magnífica jurista, nadie duda de su preparación y su capacidad para el cargo. Pero lo que ha levantado sospechas y suspicacias ha sido precisamente que sea ella, la antigua ministra del ramo, la nombrada para el cargo. Los que hablan de demandar legalmente al gobierno o al presidente del mismo saben perfectamente que su actuación es puro postureo, porque no se puede denunciar a alguien por cumplir con su cometido de nombrar un fiscal general del estado, poseyendo además la candidata méritos profesionales sobrados para ello. Quienes critican la colonización política de la justicia olvidan que ellos mismos fueron los maestros de esta disciplina. Pero quienes pensamos que siempre debe pedirse a quienes nos gobiernan, nos gusten menos o nos gusten más, que respeten los principios fundamentales de la democracia, la cosa cambia. Porque la separación de poderes, algo que parece un concepto abstracto pero que es absolutamente tangible y real, constituye un principio fundamental e irrenunciable de la democracia. Y máxime cuando se trata de los poderes ejecutivo y judicial. Porque si no se respeta el principio cualquier gobierno puede, cuando le venga en gana, detener, encarcelar, juzgar y condenar a cualquier ciudadano, simplemente por enemistad política o porque le resulte incómodo.
Puede que el nombramiento sea simplemente una forma de agradecimiento a Dolores Delgado por los servicios prestados, máxime teniendo en cuenta que sería muy difícil de explicar su continuidad como ministra de justicia. Pero, al menos en mi modesto entendimiento, no es ni mucho menos el cargo más adecuado para agradecer a la señora Delgado su labor en su anterior puesto. Y tampoco es la mejor manera de iniciar una andadura de gobierno que se va a ver trufada de ataques de todo tipo y muy, muy feroces.
Cuestión de imagen. En este caso, de mala imagen.
