Vamos por partes. Cuando se ocupa una vivienda, un local o un edificio, prácticamente siempre hay un perjudicado, que no es otro que el propietario de la construcción ocupada. Da igual que sea un banco, una familia, un particular individual, una empresa… Y da también igual que el perjudicado tenga otras cinco viviendas o se quede sin techo al ser ocupada su casa. Parece que no importa demasiado, pero el derecho a la propiedad está recogido en la Constitución, y solo el estado puede suspenderlo temporal o definitivamente en caso de necesidad o por el bien común.

Segunda cuestión: en España la ley defiende en realidad a quien ocupa, no al propietario. De nuevo da igual que el propietario sea un multimillonario o una familia con niños que no tenga otro techo bajo el que cobijarse. En el mejor de los casos si tú, querida lectora o lector, vuelves de tus vacaciones y para tu consternación te encuentras tu casa ocupada, tardarás al menos cuatro meses en recuperarla (a veces hasta dos y tres años), y casi con seguridad lo harás en un estado lamentable, prácticamente en ruinas. Además los que han usurpado tu hogar se irán de rositas, a pesar de que en teoría habrán cometido multitud de delitos, desde allanamiento de morada a estragos y daños en la propiedad privada. Pero lo peor es que la ley ampara el derecho del ocupa a tener un hogar pero te quita a ti, al menos temporalmente, el tuyo, y lo hace también con tu derecho a la propiedad y a la seguridad jurídica. Y aún más: deberás ser tú quien pague los gastos de electricidad y agua de tu vivienda, siéndote prohibido también por la ley cancelar los contratos al tratarse de suministros básicos que tú, ¡sí, tú!, debes garantizar a los ocupas que te han arrebatado tu casa.

Tercera cuestión: la necesidad. La proporción de ocupas que se apoderan de una vivienda por auténtica necesidad, es decir, familias por ejemplo que no tienen ni medios ni oportunidad de acceder a una vivienda en la que cobijar a sus hijos, es cada vez menor. La mayor parte de los ocupas actuales o bien son antisistema (de los de verdad, no de los que denuncian algunos partidos políticos) que no reconocen el derecho a la propiedad de una vivienda aunque a ti te haya costado años de sudores y esfuerzos comprarla, o bien son mafias que ocupan viviendas y locales para después realquilar, en el colmo de la desvergüenza, esas mismas viviendas y locales a otros, o bien convertirlos en prostíbulos o puntos de venta y consumo de droga.

Muchos dirán que no tengo en cuenta las necesidades de vivienda de los más desfavorecidos. Todo lo contrario. Lo que ocurre es que también tengo en cuenta los derechos de los propietarios. Para la inmensa mayoría de los españoles comprar una vivienda y dotarla de las comodidades y servicios normales supone un esfuerzo económico de por vida. De hecho para esa inmensa mayoría de los españoles esa propiedad será la de mayor valor que tengan en toda su existencia. Y también para la gran mayoría de esa mayoría el acceder a la propiedad de una segunda vivienda supone una inversión que les empeñará durante muchísimo tiempo. Es cierto que en España hay muchísimas viviendas vacías. Pero detrás de la mayoría de ellas está el esfuerzo y el empeño de las familias y los individuos que las compran y las pagan.

En el otro lado está la necesidad de poder acceder a una vivienda digna. Es un hecho innegable y lamentable que en nuestro país hay millones de personas que carecen de un techo digno bajo el que cobijarse. Pero la ocupación no es la solución, porque en muchos de los casos al final se desviste a un santo para vestir a otro. Es la sociedad en su conjunto y el estado como su representante quien debe trabajar y velar por la existencia de un parque de vivienda social suficiente, eliminando del mercado de vivienda el carácter especulativo que tiene en España y que convierte el derecho inalienable a una vivienda digna recogido en nuestra Constitución en una quimera, cuando no en una broma, para una parte importante de nuestra sociedad. Y tampoco es justo, o mejor dicho es sumamente injusto, que fondos buitre y especulativos dominen en nuestro país el mercado de una vivienda social que ha dejado de serlo gracias a la acción alegal, o incluso ilegal, de algunos políticos que vendieron a esas empresas traficantes de miseria las casas que se construyeron en su momento para dar un hogar a quienes menos posibilidades tenían de conseguirlo con sus propios y escasos medios.

El estado debe responder a una situación cada día más preocupante e injusta. Claro que hay casos y casos, pero la ley debe garantizar un inmediato desalojo de una vivienda ocupada y al mismo tiempo, y cuando exista la necesidad real, el inmediato realojo de las familias ocupantes en viviendas dignas. Y todo lo demás debe ser perseguido como delito (o delitos) grave. Al igual que ocurre en la gran mayoría de los países de nuestro entorno, donde la norma es que los ocupas sean desalojados por la policía de manera inmediata a la denuncia por el propietario, en especial cuando se trata de viviendas de particulares.

Porque okupar no debe salir gratis.